Fiscalía abre investigación contra Juliana Guerrero y Verónica Guerrero por presunta red de corrupción en contratos estatales

La Fiscalía General de la Nación abrió una nueva investigación penal contra la exfuncionaria Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero, luego de que salieran a la luz una serie de denuncias, conversaciones, audios y otros elementos de prueba que apuntarían a la existencia de una presunta red dedicada a gestionar contratos públicos a cambio de pagos ilegales.

La decisión del ente investigador se produjo tras las revelaciones periodísticas publicadas por la revista Semana, en las que varios empresarios aseguraron haber sido contactados por las hermanas Guerrero para ofrecerles supuestas gestiones ante altos funcionarios del Gobierno Nacional con el fin de facilitar la adjudicación de contratos estatales.

¿Qué investiga la Fiscalía?

La investigación fue remitida a la Dirección Especializada contra la Corrupción, dependencia encargada de investigar delitos relacionados con contratación estatal, tráfico de influencias, soborno y otros hechos de corrupción.

En esta etapa preliminar, la Fiscalía ordenó a la Policía Judicial adelantar varias diligencias, entre ellas:

• Recolección y análisis de chats de WhatsApp.
• Verificación de audios entregados por denunciantes.
• Revisión de comprobantes de consignaciones y transferencias bancarias.
• Entrevistas a empresarios que aseguran haber participado en reuniones.
• Verificación de los presuntos contactos con funcionarios públicos.
• Análisis de documentos relacionados con procesos de contratación estatal.

Hasta el momento no se han formulado cargos dentro de esta nueva investigación, ya que el proceso apenas se encuentra en fase de recolección de pruebas.

La presunta modalidad de corrupción

Según las denuncias conocidas, el supuesto esquema consistía en ofrecer a empresarios acceso privilegiado a funcionarios de alto nivel del Gobierno Nacional.

De acuerdo con los testimonios revelados, Juliana y Verónica Guerrero aseguraban tener cercanía con importantes funcionarios y manifestaban que podían facilitar reuniones o influir en procesos de contratación.

A cambio de esa supuesta intermediación, se habrían solicitado pagos en dinero, porcentajes sobre el valor de los contratos o comisiones conocidas popularmente como “coimas”.

Las entidades que aparecen mencionadas

Las denuncias hacen referencia a supuestas gestiones relacionadas con contratos en varias entidades públicas, entre ellas:

• Ministerio de Vivienda.
• Ministerio del Interior.
• Ministerio de Ambiente.
• Ministerio de Defensa.
• Hospital Militar Central.
• Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Las autoridades deberán establecer durante la investigación si realmente existieron acercamientos con estas entidades y si hubo algún tipo de intervención irregular en procesos contractuales.

Los elementos de prueba

Entre el material que ahora analiza la Fiscalía se encuentran:

• Conversaciones de WhatsApp.
• Audios.
• Comprobantes de transferencias.
• Consignaciones bancarias.
• Declaraciones de empresarios.
• Información entregada por los denunciantes.

La autenticidad y el contenido de estos elementos deberán ser verificados mediante las diligencias judiciales correspondientes antes de determinar si constituyen evidencia suficiente para una imputación.

Investigación independiente del caso de los títulos académicos

Esta nueva investigación no tiene relación jurídica con el proceso penal que Juliana Guerrero enfrenta por la presunta utilización de títulos académicos irregulares.

En ese expediente, la Fiscalía sostiene que Guerrero habría presentado documentos académicos con información falsa para cumplir los requisitos exigidos para ocupar un cargo público de alto nivel.

Por estos hechos será llamada a audiencia de acusación el próximo 5 de agosto, donde enfrentará cargos por:

• Fraude procesal.
• Falsedad ideológica en documento público.

En ese mismo proceso también está vinculado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, señalado por la presunta expedición irregular de los documentos académicos.

¿Qué dice la Fiscalía sobre el caso de los títulos?

En el proceso por los títulos académicos, la Fiscalía ha sostenido que Juliana Guerrero habría presentado documentos que no cumplían los requisitos legales y que, según la investigación, conocía las presuntas irregularidades al momento de utilizarlos en su hoja de vida oficial.

La exfuncionaria no aceptó los cargos durante la audiencia de imputación y ha mantenido su posición de inocencia dentro de ese proceso judicial.

¿Ya existen capturas o condenas?

No.

En la investigación por la presunta red de contratación no existen capturas, imputaciones ni condenas. La actuación judicial apenas comienza y corresponde a una etapa preliminar en la que la Fiscalía busca establecer si las denuncias tienen suficiente sustento para avanzar hacia una eventual formulación de cargos.

¿Qué sigue en el proceso?

Las próximas actuaciones de la Fiscalía incluirán:

• Verificar la autenticidad de los chats y audios.
• Establecer el origen de los movimientos financieros reportados.
• Escuchar a los empresarios denunciantes.
• Determinar si existieron pagos relacionados con contratos públicos.
• Confirmar si funcionarios del Estado participaron o tuvieron conocimiento de los hechos denunciados.

Solo después de esa etapa el ente acusador decidirá si existen méritos para imputar delitos o archivar la investigación.

Estado actual del caso

Por ahora, la investigación permanece en fase preliminar. Las denuncias conocidas han motivado la apertura formal de una actuación por parte de la Fiscalía, pero la responsabilidad penal de las personas involucradas aún deberá determinarse dentro del proceso judicial y con base en las pruebas que logren recaudar las autoridades.