Alerta en Caquetá: denuncian que grupo armado estaría orientando el voto de comunidades y líderes religiosos

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, encendió las alarmas al denunciar presuntas presiones e intimidaciones ejercidas por las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá” sobre comunidades campesinas y líderes religiosos del departamento.

Según el mandatario departamental, la estructura armada Jorge Suárez Briceño estaría desarrollando acciones para influir en la intención de voto de los ciudadanos en varios municipios de la región, entre ellos San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua. Las denuncias apuntan a la circulación de panfletos, mensajes a través de aplicaciones de mensajería y convocatorias a reuniones con las comunidades para promover determinado candidato presidencial.

Ruiz aseguró que la situación representa una grave amenaza para la democracia y la libertad de los electores, señalando que los grupos armados estarían ejerciendo presión directa sobre la población civil y sectores religiosos para condicionar el voto. Ante esta situación, solicitó la intervención urgente de las autoridades nacionales y organismos de seguridad para garantizar unas elecciones libres y transparentes.

Tras las denuncias, las Fuerzas Militares anunciaron medidas especiales de seguridad en el departamento con el objetivo de proteger a las comunidades y evitar cualquier tipo de constreñimiento electoral durante la jornada democrática.

Sin embargo, la polémica creció días después cuando la Federación Comunal del Caquetá rechazó públicamente las afirmaciones del gobernador. La organización aseguró que no tiene conocimiento de denuncias verificadas que respalden la existencia de presiones generalizadas por parte de grupos armados para orientar el voto de los campesinos, e hizo un llamado a evitar declaraciones que puedan generar incertidumbre o afectar el desarrollo normal del proceso electoral.

La controversia ha puesto nuevamente sobre la mesa la preocupación por la seguridad en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado, así como la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin amenazas ni presiones de actores ilegales.