Con esta medida, el Distrito no solo busca controlar los cobros adicionales en los colegios privados, sino también brindar seguridad jurídica tanto a las familias como a las instituciones educativas. Las nuevas directrices establecen reglas claras que serán implementadas en todas las Direcciones Locales de Educación, garantizando transparencia en los costos y protegiendo los derechos de padres y estudiantes. Esta regulación representa un paso importante hacia un sistema educativo más equitativo y seguro para todos.
A partir de esta resolución, las familias tendrán mayor control sobre los costos adicionales en la educación privada, ya que los colegios no podrán aplicar cobros sin la debida autorización de la Secretaría de Educación y deberán justificar cada uno de ellos como parte del servicio educativo. Esto genera un entorno de mayor transparencia y confianza, eliminando cobros arbitrarios que no tenían relación directa con la formación de los estudiantes.
Además, se establecen sanciones para los colegios que no cumplan con estas directrices, lo que garantizará que las normas se apliquen de manera uniforme en toda la ciudad. La resolución también exige que los colegios privados entreguen con antelación las listas de útiles, uniformes y otros materiales necesarios, protegiendo a las familias de compras inesperadas o cambios de última hora.
Con esta regulación, el Distrito busca fortalecer la relación entre padres y colegios, asegurando que el enfoque esté en brindar una educación de calidad, libre de costos ocultos, y que las familias puedan planificar de manera más efectiva su presupuesto anual. Para los colegios privados, también se les brinda seguridad jurídica al definir claramente los límites y condiciones de estos cobros, evitando posibles conflictos o malentendidos con los padres.
Esta resolución representa un avance en la protección de los derechos de las familias bogotanas, generando un sistema educativo más transparente, accesible y regulado para todos los actores involucrados.