El país entero quedó conmovido tras confirmarse la noticia que nadie quería escuchar: el cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció el pasado 12 de agosto en Cajicá, fue hallado en el río Frío después de más de 18 días de incertidumbre, angustia y búsquedas fallidas. La confirmación fue dada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien informó que el hallazgo se produjo en una zona donde ya se habían realizado rastreos anteriores, lo que genera nuevas dudas, pues para las autoridades es “improbable que el cuerpo hubiera estado allí desde el inicio”. Este detalle ha abierto un enorme debate sobre la eficacia de los operativos y ha encendido la voz de organismos de control, como la Defensoría del Pueblo, que denunció demoras y fallas en el proceso de búsqueda, al igual que una posible omisión de las primeras alertas que emitieron los padres de la menor.
Valeria había sido vista por última vez en el Gimnasio Campestre Los Laureles, la institución educativa donde estudiaba, y cámaras de seguridad la registraron acercándose a una de las rejas que colinda con el río Frío. Esa fue la última pista clara que tuvieron las autoridades, quienes desplegaron un amplio operativo con drones, helicópteros, perros especializados, buzos, análisis de más de 20 terabytes de grabaciones de cámaras de seguridad y hasta una recompensa de 70 millones de pesos para quien aportara información sobre su paradero. La magnitud del despliegue convirtió el caso en uno de los más mediáticos de los últimos años, sumando la activación de una alerta amarilla de Interpol, usada cuando existe la posibilidad de que un menor haya sido sacado del país.
Mientras las autoridades intentaban dar con alguna pista, la comunidad de Cajicá y municipios vecinos se volcó en marchas, cadenas humanas, misas y campañas en redes sociales que pedían el regreso seguro de la niña. Sus padres, desesperados, hicieron múltiples llamados a los medios, insistiendo en que Valeria no pudo haberse ido sola y pidiendo que se investigara a fondo la responsabilidad de la institución educativa. Incluso, días antes del hallazgo, la madre reveló un dibujo que Valeria había hecho en el colegio, el cual generó preguntas sobre el estado emocional de la niña y sumó otra capa de dolor al caso.
El desenlace trágico reabrió heridas y también multiplicó los interrogantes: ¿cómo fue posible que el cuerpo apareciera en un lugar previamente revisado?, ¿hubo negligencia en la búsqueda inicial?, ¿se trató de un accidente o alguien estuvo detrás de su desaparición? La Defensoría y varios sectores sociales han exigido que el caso se maneje con total transparencia, pues la confianza en las instituciones quedó golpeada. Por su parte, Medicina Legal realizará los análisis correspondientes para determinar la causa exacta de la muerte y si hubo algún tipo de violencia asociada.
Hoy, el hallazgo de Valeria no solo representa una pérdida irreparable para su familia, sino también un símbolo de las falencias en la atención de casos de desaparición de menores en Colombia. Cajicá está de luto, Cundinamarca llora, y el país entero se pregunta qué pudo haberse hecho mejor para evitar este final. Lo que queda ahora es el clamor de justicia, el pedido de verdad y el compromiso social de que la memoria de Valeria no quede en el olvido, sino que impulse cambios reales para proteger la vida y los derechos de los niños más vulnerables.