Las comunidades mineras y campesinas han encendido las alarmas tras la promulgación del decreto 044 de 2024, que crea áreas temporales de reserva, restringiendo la actividad en zonas clave para su subsistencia. A cuatro días de iniciarse el paro minero y campesino, las protestas han escalado, afectando gravemente el comercio y la economía de las regiones implicadas. ¿Cuáles son las demandas de estas comunidades y qué impacto podría tener este conflicto en el país? Aquí te contamos cómo esta movilización está marcando el pulso de una economía en tensión.
A medida que avanzan los días de paro, el impacto en la economía y en la vida diaria de las comunidades afectadas se intensifica, sin un acuerdo visible en el horizonte. Los bloqueos en las vías, que inicialmente eran una estrategia de presión, se han convertido en una barrera que está frenando la circulación de alimentos, insumos agrícolas y productos esenciales para diversos sectores. Según cifras del gremio de transporte terrestre, cada día de paralización representa una pérdida multimillonaria que no solo afecta a los empresarios, sino también a las familias que dependen de estos recursos para su bienestar y estabilidad.
La situación es especialmente crítica para el sector agrícola, con toneladas de fertilizantes que no alcanzan a llegar a su destino en regiones clave como Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Esta interrupción amenaza con un desabastecimiento de insumos esenciales, lo que podría derivar en una crisis productiva en las próximas semanas si el paro se extiende. En zonas como Antioquia, Empresas Públicas de Medellín (EPM) advierte sobre posibles problemas en el suministro de gas, afectando a comunidades que dependen del gasoducto virtual.
Frente a estas afectaciones, los líderes de las protestas y representantes del Gobierno Nacional buscan abrir espacios de diálogo para evitar una crisis aún mayor. Los manifestantes esperan que el Ejecutivo revise el decreto 044 y reconsidere las áreas de reserva que, según ellos, amenazan su actividad económica y el sustento de sus familias. De no llegarse a una pronta solución, el país podría enfrentar semanas de interrupciones en la cadena de abastecimiento, afectando a millones de colombianos.
Con la economía en un estado cada vez más tenso, se incrementa la presión tanto para las autoridades como para los manifestantes de alcanzar un acuerdo que alivie los efectos de esta movilización y evite que la crisis escale aún más.