En un sorprendente hecho de inseguridad, una camioneta de alta gama fue robada en Engativá, dejando a la comunidad en alerta. Lo que más llamó la atención de este caso fue que uno de los delincuentes llevaba un brazalete de vigilancia del Inpec, un detalle que genera inquietud sobre el control de estos dispositivos y la reincidencia de ciertos delincuentes. Las autoridades ya investigan el caso, mientras el incidente levanta interrogantes sobre la seguridad en las calles y la eficacia del monitoreo de individuos con antecedentes.
El caso de este robo en Engativá ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la eficacia de los brazaletes electrónicos del Inpec. La captura de un ladrón con este dispositivo ha puesto en evidencia un sistema que, pese a representar millonarios contratos para empresas privadas, parece carecer de efectividad para el control de quienes deberían cumplir una pena en casa. Según declaraciones de líderes penitenciarios, estos dispositivos, lejos de ser una herramienta de seguridad confiable, presentan serias fallas que facilitan la evasión de la justicia.
Con un costo anual de 70.000 millones de pesos, los brazaletes electrónicos han sido calificados como “costosos e ineficaces”, y los incidentes con personas que logran eludir la vigilancia mientras los portan se han vuelto cada vez más comunes. Tal es la ineficiencia, que hay reportes de personas que logran “engañar” al sistema, colocando el brazalete en animales o familiares, o incluso dañándolo para desactivarlo. Esto genera graves dudas sobre los beneficios de estos contratos y ha llamado la atención sobre el rol de las empresas privadas involucradas, quienes, según denuncias, además tienen vínculos con campañas políticas.
Este suceso no solo expone una problemática en el sistema de justicia colombiano, sino que también invita a reflexionar sobre la relación entre empresas privadas y el control de quienes cumplen penas de forma domiciliaria. La efectividad de estos brazaletes y la transparencia en los contratos que los rodean son ahora un tema de interés público, en un país donde la seguridad y la confianza en el sistema penitenciario siguen siendo retos a superar. La comunidad espera acciones contundentes para mejorar el control sobre los detenidos y una mayor transparencia en la asignación de contratos, especialmente aquellos que involucran la seguridad pública.
